Salud, educación y personas con discapacidades se manifestaron contra Milei

Con la movilización quisieron «visibilizar» cómo el gobierno «vació» la ANDIS, «desmembró» el entramado territorial del organismo y puso trabas que «impiden» tramitar el Certificado Único de Discapacidad.

BUENOS AIRES (NA).- Organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidades y el personal de salud y educación que trabaja para su cuidado y contención se manifestaron este lunes en Plaza de Mayo para «visibilizar» la «precarización» que sufre el sector a partir de la «motosierra» que impuso el presidente Javier Milei.

Maive Carone Fernández, integrante de la asamblea Discas en Lucha, sostuvo que la marcha fue convocada por organizaciones que «aglutinan a prestadores de servicios en salud y educación para la población de personas con discapacidad» porque sus trabajos «son extremadamente precarizados».

Asimismo, se refirió a las auditorías que realizan a las personas con discapacidad y las calificó como una «paparruchada» porque, según denunció, les envían cartas documento a sus titulares para que lleven documentación de «manera presencial», en tiempos muy cortos, según indicó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

También señaló que deben sacar turnos telefónicos y, una vez obtenidos, dirigirse a sedes que quedan «muy lejos de sus domicilios o que a veces ni siquiera existen», en lo que implica una serie de medidas que desembocan en «sacarles la pensión que es el 70% de una jubilación mínima».

«Es un campaña de desprestigio a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a las personas con discapacidad. Esta gestión genera intriga contra grupos de la sociedad históricamente vulnerados, profundiza su estigmatización y se ausenta cruelmente de sus obligaciones. La persecución es, además, mediática y judicial», manifestó Carone.

Por otra parte, se refirió a la polémica vinculada al proyecto de desregulación del «nomenclador de los aranceles del sistema único de prestaciones básicas para personas con discapacidad», que no llegó a instrumentarse debido a la resistencia del sector, como también sucedió con la resolución del Gobierno que calificaba de «idiotas», «débiles mentales» e «imbéciles» a las personas con discapacidad».