Nuevamente procesan al juez De Gamas Soler

Por presuntas irregularidades cometidas en la investigación del atentado a la AMIA, en 1994.

A casi 20 años de los hechos, el juez federal Sebastián Ramos desvinculó al juez provincial de cualquier asociación delictiva con el destituído magistrado Juan José Galeano, pero no obstante lo encuadró en el supuesto delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Al titular del Juzgado de Instrucción Nro. 1 del Distrito Judicial Sur de Tierra del Fuego, quien se desempeñó en Buenos Aires hace casi dos décadas atrás como secretario del destituido juez Juan José Galeano, la Justicia Federal lo acusa de “incumplimiento de deberes de funcionario público” y lo embargó por 400 mil pesos.
El juez provincial Javier Ignacio De Gamas Soler volvió a ser procesado en las últimas horas, por haber sido parte de la cuestionada investigación del atentado a la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, hecho ocurrido el 18 de julio con un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.
Como quedó establecido, la Justicia argentina con apoyo de funcionarios del gobierno de Carlos Menem, encubrió el atentado armando una causa para imputar falsamente a ex policías de la provincia de Buenos Aires que permanecieron casi una década presos. En el llamado «primer juicio» en 2001 contra 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos, los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner eximieron a los agentes de inteligencia de su deber de guardar el secreto de las operaciones al momento de declarar como testigos. Quedó así al descubierto un amplio encubrimiento en el que habían participado el juez de la causa Juan José Galeano, dos de los tres fiscales, altos funcionarios del gobierno de Menem y los servicios de inteligencia. El 2 de septiembre de 2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados y ordenando su liberación. Como consecuencia del fallo fue destituido el juez Galeano por un Jurado de Enjuiciamiento y condenado a seis años de prisión por los delitos de peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba.
Se le endilgó también el pago ilegal de 400 mil dólares a Carlos Telleldin, presunto facilitador de la camioneta utilizada como coche bomba.

En cuanto al rol de quien era en ese momento secretario de Galeano, el actual juez De Gamas Soler, se lo vincula a las grabaciones de audiencias y otras instancias de la investigación que no quedaban registradas en el expediente y que luego eran utilizadas para una presunta manipulación de la pesquisa.
La novedad en la investigación es que en las últimas horas el juez federal Sebastián Ramos procesó a tres ex colaboradores del destituído juez Juan José Galeano, entre los que figura Ignacio de Gamas Soler.
En su fallo de 148 páginas, el magistrado se encargó de dejar en claro que “a lo largo del proceso no se produjo prueba que logre conectar las irregularidades llevadas a cabo por los imputados con un objetivo encubridor, por lo menos en lo que refiere a la denominada pista siria o Kanoore Edul o la falsa acusación de los policías bonaerenses. Los actos realizados por parte de los secretarios, si bien acompañaron activamente el desarrollo de la actividad jurisdiccional viciada, no determinaron una cooperación o intervención típica al plan orquestado por Juan José Galeano en su rol de supervisor y director del proceso”.
Ramos destacó que “los secretarios se encontraban al margen en términos de conocimiento sobre el objeto final de la acción de Galeano, quien persiguió su objetivo a través de su función de juez federal en coordinación con otros funcionarios de Estado que ocupaban lugares estratégicos para que ese fin rinda sus frutos, y a sabiendas de ello, contando con ese apoyo, daba órdenes que sabía fehacientemente iban a ser cumplidas por sus secretarios”.
El magistrado se preocupó de dejar en claro que en el caso de De Gamas Soler y otros tres secretarios “sus actos u omisiones realizados, no significaron un apoyo al obrar delictivo de la maniobra global”.
Pese a todo, Ramos estimó que De Gamas “incumplió con los deberes de funcionario público”.
Vale destacarse que el juez de instrucción de Ushuaia fue varias veces procesado por el mismo caso, pero otras tantas se desestimaron las actuaciones
Debido al principio de inocencia que reza que nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario, el magistrado continuará ejerciendo sus funciones de juez de Instrucción sin inconveniente alguno.

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Diario Prensa