Muerte en el Sanatorio Fueguino: Contundentes argumentos para el jury contra la fiscal Urquiza

El abogado de la familia del joven muerto en el Sanatorio Fueguino argumentó el pedido de jury contra Urquiza, quien estando de turno al momento del fallecimiento, se negó a tomar intervención.

La familia de Marcelo Fernández, quien falleció en el Sanatorio Fueguino, a través de su abogado Francisco Giménez, solicitó formalmente jury de enjuiciamiento contra la fiscal Laura Urquiza, quien estaba de turno al momento del deceso. La acusación se centra en la presunta inacción de Urquiza, que habría generado una demora de varias horas en la investigación, tiempo crucial que, según argumentó el letrado en ((La 97)) Radio Fueguina, podría haber comprometido la recolección de evidencias clave para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Giménez sostuvo que la fiscal Laura Urquiza “estaba de turno, cuando hay un hecho, cualquiera sea la hora dentro de las 24 horas del día, el fiscal en turno está para esto”.

Según el abogado, la madre de Fernández presentó una denuncia policial tras el fallecimiento, con el fin de que se investigaran las circunstancias que rodearon su deceso. Sin embargo, relató que, sin la intervención del fiscal, la investigación quedó detenida en su fase inicial, esperando la autorización para realizar un requerimiento de instrucción, que es, en términos legales, el procedimiento por el cual el fiscal solicita al juez iniciar una investigación formal. Giménez añadió que el rol del fiscal resulta fundamental para “resguardar el lugar, la escena”, algo que, de acuerdo con su visión, no ocurrió con la debida celeridad en este caso.

El abogado detalló que en las primeras horas tras un deceso en circunstancias dudosas, es imperativo actuar con rapidez para preservar pruebas que puedan esclarecer el hecho. “Los primeros momentos de una investigación son fundamentales”, afirmó, describiendo que, de haberse activado la intervención del fiscal, podrían haberse tomado medidas como “secuestrar el cuerpo, secuestrar historias clínicas, videocámaras, aislar a los testigos, tomarles inmediatamente declaración, secuestrar celulares”.

La situación, sin embargo, se complicó cuando, según la versión de Giménez, la fiscal Urquiza inicialmente se negó a intervenir, argumentando que correspondía la intervención del fiscal mayor por tratarse, supuestamente, de un caso relacionado con funcionarios públicos. Esto constituye, en palabras del abogado, “una excusa absolutamente absurda”, dado que el incidente ocurrió en una clínica privada, sin involucrar a personal del sistema de salud público.

Giménez aseguró que la intervención efectiva del Ministerio Público solo se inició cuando otro fiscal, que no estaba de turno, asumió la responsabilidad del caso tras una orden emitida desde el Superior Tribunal de Justicia, luego de varias horas de retraso. “Tenemos una ventana de alrededor de dos o tres horas en donde no se pudo hacer absolutamente nada”, precisó, señalando el riesgo de que pruebas importantes pudieran haber sido adulteradas o comprometidas.

Giménez recurrió a una metáfora para enfatizar la gravedad del caso: “Supongamos que a uno de nosotros se nos está prendiendo fuego la casa, uno llama el bombero y el bombero cuando se le ocurrió contesta. Mientras tanto el fuego empieza a avanzar y el bombero le empieza a preguntar si la casa es de material, de chapa o de madera. Usted le dice que es de madera y el fiscal le dice ‘ah, no, yo apago incendios de casas de chapa o de material’ y corta el teléfono y resulta que no hizo nada y cuando llegaron, se prendió fuego todo. Esta es la gravedad del tema”, describió el abogado la percepción de inacción que considera que Urquiza mostró al no responder adecuadamente a la emergencia planteada.

En este contexto, Giménez argumentó que la conducta de la fiscal constituye “un caso de mal desempeño de sus funciones, que es causal de jury” y subrayó la posibilidad de que su actuación implique incluso un delito, apelando a otra comparación: “Si un policía no acude ante un llamado desde una urgencia… seguramente tiene graves consecuencias en su carrera”.

La solicitud de jury contra Urquiza también recuerda otros antecedentes que, a juicio del abogado, reflejan una conducta recurrente de la fiscal. Giménez mencionó que “en el 2019 pasó algo parecido con un caso de violencia de género”, en el cual Urquiza, presuntamente, se negó a intervenir, lo que habría derivado en la liberación de un acusado.

Además, indicó que, en el mismo año, la fiscal intentó imponer una medida de prisión preventiva contra un secretario judicial por un desacuerdo en la notificación de un expediente. En esa oportunidad, según recordó Giménez, el Superior Tribunal de Justicia también había recomendado el enjuiciamiento de Urquiza, pero este fue desestimado por el Consejo de la Magistratura. “La corporación política, no la judicial, porque la judicial había solicitado que se incluya el jury, la salvó”, opinó.

En otro orden, Giménez se refirió a la falta de información concreta sobre el estado actual de la causa. En el proceso de investigación, explicó, es crucial determinar científicamente la causa de la muerte, especialmente cuando no existen indicios de una muerte violenta. Dado el contexto, será necesario realizar estudios toxicológicos para establecer la presencia de posibles sustancias en el organismo de Fernández. “Para eso hay estudios toxicológicos que se ordenan de rigor y casi de protocolo en estos casos”, mencionó, y aclaró que la definición de la causa de muerte será determinada por el perito forense en base a los análisis científicos realizados.

En cuanto a la representación de la familia, Giménez informó finalmente que actúa en representación de la esposa e hijo de Fernández, mientras que la madre del fallecido se encuentra asesorada por otro abogado, José Luis Álvarez. “Cada persona elige su abogado de confianza y la idea es trabajar en conjunto con el otro colega, para tratar de esclarecer este hecho”, expresó. Aclaró que, aunque existan diferentes querellas, el Código Procesal establece que debe identificarse una única representación formal para evitar conflictos de intereses, destacando que el objetivo común es “trabajar para que la familia tenga una explicación de cuál fue el motivo de la muerte de su hijo, de su esposo, del padre de Marcelo”.

FUENTE: RADIO FUEGUINA