Un escándalo judicial envuelto en un preocupante silencio institucional

Una vez más, el Poder Judicial guarda un silencio absoluto ante un nuevo episodio que involucra a una de sus integrantes: la jueza de lo Correccional de Ushuaia, Felicitas Maiztegui Marcó, quien protagonizó un choque y abandonó la escena sin dar aviso.

El incidente ocurrió el pasado viernes en la calle Gobernador Godoy 51, entre San Martín y Maipú, donde una camioneta de alta gama embistió a tres vehículos estacionados, pertenecientes a una empresa de alquiler de autos, y luego se dio a la fuga. Con el paso de las horas se fueron conociendo detalles del hecho: la camioneta, una Jeep Wrangler, fue identificada como propiedad de la magistrada, y posteriormente fue hallada estacionada frente a su domicilio, en un barrio cerrado de Ushuaia.

Finalmente, se confirmó que era la propia jueza quien manejaba el vehículo al momento del siniestro, lo que agrava aún más la situación dada su función como representante de la Justicia.

A pesar de la gravedad del hecho, desde el Superior Tribunal de Justicia no se ha emitido ninguna comunicación oficial ni se han informado acciones concretas al respecto. El silencio institucional ha sido interpretado como una forma de encubrimiento, generando un fuerte malestar social.

El caso expone, además, la ineficacia del Consejo de la Magistratura, organismo que en los últimos años no ha avanzado con denuncias contra magistrados, aún ante conductas reprochables. En este contexto, la ciudadanía expresa su indignación por la aparente impunidad con la que se manejan ciertos funcionarios públicos.

La jueza no solo abandonó el lugar del accidente, sino que con ello evitó ser sometida a un control de alcoholemia, lo que agrava aún más el cuadro. En redes sociales se viralizó un video donde un vecino alerta a la Policía sobre la conducción peligrosa de la camioneta minutos antes del choque múltiple.

Resulta imperioso que el Poder Judicial brinde una explicación institucional frente a este episodio, teniendo en cuenta que la magistrada implicada es quien normalmente impone sanciones por infracciones similares. Su accionar plantea un serio cuestionamiento ético: ¿con qué legitimidad puede juzgar a otros si no asume las consecuencias de sus propios actos?