Milei autorizaría el funcionamiento del radar de Leolabs

Se agudizan las discrepancias entre el Gobierno provincial y el nacional por el dispositivo instalado en un predio privado cercano a Tolhuin.

A pocos días de haber informado el Ejecutivo fueguino que la Inspección General de Justicia inició el proceso de disolución de la sociedad como paso previo al desarme del radar, por considerar que la actividad de esta empresa en la Provincia configura “un peligro para la seguridad nacional”, desde el gabinete de Javier Milei se deslizó que sería inminente su habilitación “porque no es de origen británico sino estadounidense y no persigue fines militares sino científicos”.

Una campaña en la que se alinearon los principales medios de comunicación nacionales se puede apreciar por estos días, en torno a la polémica instalación en territorio fueguino de un radar de propiedad de la empresa Leolabs, considerado apto para la realización de tareas de espionaje. Esta desconfianza surge porque la firma se sustentaría con capitales británicos y porque la ubicación del dispositivo, a apenas 700 kilómetros de las Islas Malvinas, lo torna cuando menos sospechoso, sino peligroso.

“El falso nacionalismo, embanderado en la supuesta defensa de nuestras islas Malvinas, pone en riesgo una capacidad muy importante que Argentina podría lograr con esta compañía”, se puede leer en Infobae mientras que en el diario Clarín, se publicó en las últimas horas que “tras estudios técnicos oficiales y duras negociaciones con enviados de Estados Unidos y de la startup nacida en Sillicon Valley, el Gobierno de Javier Milei se dispone a habilitarlo: consideran que no es de origen británico sino estadounidense y que tampoco tiene usos o fines militares como se había hecho trascender sino por completo científicos y aseguran que barre el espacio y busca limpiar la basura satelital».

El “gran diario argentino” difunde además que “según el Gobierno nacional el radar de Tierra del Fuego no es británico ni de uso militar y por eso lo van a habilitar. El radar, que efectivamente fue instalado dentro de una propiedad privada dentro del área de Tolhuin, es fruto de un acuerdo firmado en 2022 y para la Argentina era absolutamente innovador. Es un hecho que cada vez más el sector privado se involucra en la carrera satelital, donde los Estados tuvieron durante décadas el pleno uso y ocupación. Fue instalado para hacer monitoreo de objetos en órbita baja en el espacio según se informó entonces”.

Con una postura favorable abiertamente marcada, Infobae publicó sobre el ríspido tema: “El actual gobierno plantea grandes transformaciones para nuestra nación, pero, en contraste, es bueno recordar que la decisión tomada por la gestión del presidente Alberto Fernández refleja un desconocimiento de las doctrinas jurídicas y políticas que hicieron grande a nuestro país. En momentos en que el país muestra el compromiso de aumentar sus capacidades de Defensa, suena absurdo perder la oportunidad que ofrece una empresa privada que brinda información de gran valor. El falso nacionalismo, embanderado en la supuesta defensa de nuestras Islas Malvinas, pone en riesgo una capacidad muy importante que Argentina podría lograr con esta compañía.

Por otro lado, ¿no sería un muy mal precedente para cualquiera que esté pensando en invertir en el país? La buena noticia es que, si el proyecto vuelve a su cauce original y prospera, Argentina –que ya cuenta con una reconocida trayectoria en materia espacial– lograría ocupar un lugar concreto de liderazgo en el escenario mundial en momentos que se vive la segunda carrera espacial”.

Como es sabido, a fines de 2023 la empresa Leolabs presentó un recurso de reconsideración de la instalación, que se encuentra en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Técnica, que comanda el funcionario Darío Genua.

“La instalación de este radar lejos de ser una amenaza podría ser una solución para una problemática que de otra manera a la Argentina le saldría mucho dinero y por otro lado atrae inversión extranjera y trabajo para los argentinos”, se le escuchó decir al funcionario. Aunque las fuentes primarias no vieron objeciones, el expediente todavía no llegó con dictamen a la secretaria de Asuntos Estratégicos, que maneja José Luis Vila, dentro de la Jefatura de Gabinete, de Guillermo Francos. El visto bueno del JGM es la última instancia administrativa.

“Actualmente Argentina no tiene ese tipo de tecnologías. Y la Argentina se podría beneficiar mucho de la instalación de esa tecnología que nos permitiría saber cuáles son los objetos que están volando sobre el cielo argentino”, argumentan desde el Gobierno mileísta. “La nueva política de cielos abiertos permite que satélites en órbita baja puedan estar sobre cielo argentino y esta es una manera de saber y controlar todo lo que ocurre ahí”.

En Tierra del Fuego, en cambio, se opina todo lo contrario y se continúa intentando de todas las maneras posibles que Leolabs se vaya de la isla. El último movimiento de fichas en el tablero de la disputa la dio el Gobierno de Gustavo Melella, a través de la IGJ, a fin de impedir legalmente que la empresa propietaria del radar pueda operar: “Esta medida cautelar responde a nuestro objetivo central de poner fin a la actividad de esta empresa en nuestra Provincia, la cual configura un peligro para la seguridad nacional. Pero no de cualquier forma sino cumpliendo a rajatabla los procesos y procedimientos legales pertinentes. Con un trabajo serio y sostenido se ha logrado dar este paso significativo. Ahora avanzaremos en la búsqueda del desarme de la infraestructura a efectos de desactivar la amenaza que se ha montado a pocos kilómetros de la ciudad de Tolhuin” – sostuvo el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary.

El gobernador Gustavo Melella, por su parte, resumió su opinión sobre el tema: “Leolabs ha anunciado su trabajo junto al Mando Espacial del Reino Unido, explicitando el rol militar que puede cumplir la tecnología que han desarrollado. Esta situación deja sin ningún fundamento a las actuaciones que la empresa perseguía en su intención de que se reconsideren las medidas tomadas por el Gobierno de Tierra del Fuego. Por este motivo es que no permitiremos un nuevo intento de expansión británico sobre nuestro territorio e intimaremos al urgente retiro de la empresa de nuestra provincia”.

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