Director del Servicio Penitenciario y suboficial mayor imputados por abuso de autoridad

iiSegún trascendió, el Inspector General Ariel Ciares, Director Provincial del Servicio Penitenciario, y el Suboficial Mayor Gabriel Mamonde, fueron imputados por abuso de autoridad en el Servicio Penitenciario, por el Fiscal Mayor, Martín Bramati. La supuesta víctima es Graciela Flamenco, una enfermera que denunció en su momento irregularidades en el manejo de fondos de una “caja chica” y primero fue dejada sin sueldo y luego desvinculada del Servicio Penitenciario.

El Fiscal General, Martín Bramati, con fecha del 5 de marzo presentó una imputación formal contra el Inspector General y Director Provincial del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, y contra el Suboficial Mayor, Gabriel Mamonde, por presunto abuso de autoridad en el marco de una investigación que se lleva adelante.

Según la imputación, Ciares ordenó la suspensión de los haberes de la enfermera Graciela Flamenco, sin tener fundamento legal ni administrativo, lo cual habría generado un perjuicio para la trabajadora, que por entonces se desempeñaba en el Servicio Penitenciario. Además, se lo acusa a Ciares de haber denunciado a Flamenco ante el colegio de ética de enfermeros sin previo sumario administrativo ni sanción firme, lo cual podría constituir una medida de represalia por la denuncia previa presentada por flamenco, que tenía que ver con supuestas irregularidades en el manejo de una “caja chica”.

En su imputación, el fiscal solicita que se cite a los imputados a prestar declaración indagatoria y que se mantenga la competencia del distrito para seguir adelante con la investigación. El escrito de Bramati sugiere que las acciones de Ciares y Mamonde podrían haber vulnerado los derechos de la empleada y haber actuado al margen de los reglamentos y procedimientos administrativos correspondientes.

En su momento, la enfermera Flamenco comentó en Minuto Fueguino que “todo esto se inicia a través de un informe que hice en su momento por cuestiones irregulares dentro del área donde yo estaba trabajando. Como enfermera estuve durante ocho años en el Servicio Penitenciario y se prestó esta situación que durante un tiempo firmaba planillas con recargos a un oficial que es quien nos decía al resto del grupo de personas que estábamos, que el objetivo era para juntar fondos para mejorar el área.”

En este mismo sentido, precisó que “en un principio fue destinado a cuenta del oficial Montenegro y después se pasó otro CBU porque era muy llamativo y en teoría se iba a armar una caja chica para poder juntar materiales o lo que hiciera falta dentro del área de sanidad. Muchas veces nos faltaron elementos y teníamos que salir a comprar, pero en teoría ese era el objetivo del recargo, juntar fondos cuando ese dinero tendría que estar en una caja chica para cuando haya alguna necesidad y eso no sucedía”.

“Después de un tiempo me di cuenta que ese dinero no aparecía por ningún lado y no había ningún tipo de reforma y empecé a averiguar para conocer el destino final del dinero que aportábamos con el resto de las personas que trabajábamos ahí. Yo era personal civil y el resto penitenciarios. Fue en ese momento cuando me di cuenta que no éramos solo nosotros ya que había personal de otras áreas que hacían lo mismo, pasaban dinero de recargos que iban a mejorar el servicio, pero no fue así”, señalaba la enfermera.

fuente: Red 23