El Gobierno inicia una semana decisiva con Javier Milei al frente de la estrategia política y parlamentaria. La Casa Rosada buscará acelerar tres proyectos considerados prioritarios: la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada a las Islas Malvinas.
Tras varias semanas de involucrarse personalmente en las negociaciones legislativas, el Presidente reunirá este lunes al Gabinete y luego recibirá a diputados y senadores oficialistas para unificar la hoja de ruta antes de una agenda cargada en el Congreso.
Uno de los principales objetivos será avanzar con la reforma electoral, una iniciativa que incluye cambios estructurales en el sistema político y que el oficialismo considera clave para comenzar a definir el escenario rumbo a las elecciones de 2027. Aunque todavía no cuenta con los votos asegurados, La Libertad Avanza confía en destrabar apoyos durante las próximas semanas.
En paralelo, el Poder Ejecutivo enviará el Presupuesto 2027, elaborado por el equipo económico, con la intención de sostener el equilibrio fiscal y mantener como eje central el superávit de las cuentas públicas.
La cuestión de las Islas Malvinas seguirá dominando parte de la agenda oficial. El Gobierno presentará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece sanciones contra empresas que exploten recursos en la plataforma continental sin autorización argentina y acompaña la decisión de construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
La iniciativa llega en un contexto de renovada discusión internacional sobre el Atlántico Sur y mientras la Casa Rosada analiza incorporar el reclamo de soberanía como uno de los ejes del próximo discurso de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Además de las reuniones de Gabinete y de mesa política, el Presidente mantendrá encuentros con legisladores, funcionarios y representantes internacionales para coordinar el avance de las principales iniciativas del Gobierno. Sobre el cierre de la semana, viajará a Bahía Blanca para supervisar el desarrollo de proyectos de inversión vinculados al régimen RIGI y reforzar la agenda productiva del Ejecutivo.
En la Casa Rosada sostienen que el objetivo es claro: conseguir la mayor cantidad de avances legislativos antes de que el calendario electoral empiece a condicionar definitivamente la actividad del Congreso.
