El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego proyectó un presupuesto para 2027 en el que la mayor parte de los recursos estará destinada al sostenimiento de su planta de personal. De acuerdo con la planificación elevada al Poder Ejecutivo, el organismo prevé invertir $10.788.893.603 en gastos laborales correspondientes a 190 cargos, una cifra que representa cerca del 90% del presupuesto total del próximo ejercicio.
La propuesta fue incorporada al Presupuesto General del Estado dentro del esquema de los entes descentralizados y fue elaborada sobre la base de las 190 vacantes actualmente autorizadas. Según el propio Tribunal, esa dotación constituye el mínimo indispensable para cumplir con las funciones de control económico, financiero y patrimonial de los tres poderes del Estado.
Pese a contemplar 190 cargos, el organismo admite que una parte importante de esa estructura permanece inmovilizada debido al régimen de licencias. En la resolución presupuestaria se señala que numerosos profesionales de planta ocupan cargos de mayor jerarquía en otros organismos y mantienen sus puestos reservados hasta su eventual regreso, lo que impide cubrir esas vacantes de manera definitiva.
A esa situación se suman las licencias previstas por el convenio colectivo de trabajo, lo que reduce la capacidad operativa efectiva del Tribunal y obliga a reorganizar permanentemente las tareas entre el personal disponible.
La falta de integración plena también alcanza al cuerpo de conducción. Desde 2022, el Tribunal de Cuentas funciona únicamente con dos vocales, ya que el contador Luis María Capellano continúa con licencia sin goce de haberes mientras preside la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.
La última prórroga de esa licencia fue otorgada en febrero de este año, por lo que el organismo continúa resolviendo los asuntos complejos mediante la designación de conjueces cuando resulta necesario completar el cuerpo.
Entre los objetivos fijados para 2027, el Tribunal plantea profundizar las auditorías integrales realizadas por equipos interdisciplinarios y fortalecer las capacidades institucionales mediante programas permanentes de capacitación para sus agentes.
Además, prevé incorporar ocho contratos profesionales especializados en auditoría gubernamental, contabilidad pública, sistemas de información, análisis de datos, inteligencia artificial, gestión de riesgos y recursos tecnológicos, con el fin de modernizar las herramientas de control y fiscalización.
El presupuesto también contempla recursos para afrontar la tramitación de 51 expedientes judiciales, cuyo capital histórico supera los $106,5 millones. Del total, 35 corresponden a causas principales, 15 a incidentes y, dentro de las primeras, ocho tienen al propio Tribunal de Cuentas como parte demandada, un escenario que obligará al organismo a destinar partidas específicas para la defensa judicial durante el próximo año.
