De Martino: “Aplicarle prisión a un chico de 13 años no tiene sentido”

De Martino: “Aplicarle prisión a un chico de 13 años no tiene sentido”

agosto 2, 2024 0 Por quetepasa1

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego, adelantó su postura negativa:

Ante el envío del Ejecutivo nacional al Congreso de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, el abogado Julián De Martino coincidió con la posibilidad de aplicarle a los menores medidas alternativas a la prisión tradicional, como por ejemplo, la domiciliaria. «Lo contrario es una mortificación que va en contra del objetivo pretendido” – aseguró.

El presidente Javier Milei envió hace poco más de un mes al Congreso de la Nación, un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los 18 a los 13 años de edad. A partir de allí se comenzaron a conocer algunas propuestas de los diputados para abordar el siempre controvertido tema de los menores que delinquen.

“Por decisión del presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente” – se informó a la prensa desde la Casa Rosada, anunciando e invitando al tratamiento de un nuevo régimen penal infanto juvenil.

Al respecto, en Ushuaia, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego, Julián de Martino, hizo saber su oposición a tal posibilidad: “Aplicarle prisión a un chico de 13 años no tiene sentido, es una mortificación que va en contra del objetivo buscado”, señaló contundente.

No obstante, el funcionario judicial valoró positivamente algunos proyectos de ley, como el del diputado nacional Cristian Ritondo, que incluye medidas alternativas a la prisión tradicional en caso de penas menores, como por ejemplo la prisión domiciliaria discontinua.

De Martino explicó asimismo que “la imputabilidad se refiere a la capacidad del Estado para atribuir un delito a una persona, basada en su capacidad de culpabilidad. Para los menores, establecer una edad mínima está relacionado con su capacidad de entender y controlar sus acciones. La imputabilidad tiene tres aspectos fundamentales: la capacidad de comprender el desvalor de la acción, la capacidad de reprimir la conducta y la capacidad de entender la antijuridicidad de los actos. Por eso no se le puede atribuir responsabilidad a alguien que hizo algo determinado, si no tiene la capacidad para evitarlo. Estos aspectos se adquieren a través de un proceso de desarrollo y no simplemente al cumplir una cierta edad”.

De Martino también resaltó el verdadero objetivo de las penas en el sistema penal, que según la Constitución, deben orientarse hacia la reeducación y readaptación del sujeto detenido, y no hacia el castigo. Argumentó que imponer una pena de prisión a un niño de 13 años está muy lejos de alcanzar este objetivo. “Los menores están en un proceso de construcción de su identidad”, señaló, y agregó que las capacidades necesarias para ser imputable se desarrollan a través del tiempo y de diversas influencias, como el entorno familiar y social.

Fundamentando su opinión negativa a la pretensión del Ejecutivo nacional, el entrevistado resaltó “el impacto negativo de insertar a un menor en un medio hostil, como una cárcel o un instituto estatal. Si lo ponemos en un medio hostil, no vamos a sacar un niño mejor, sino a uno peor. La Convención de los Derechos del Niño establece que la privación de libertad debe ser el último recurso, y que se deben buscar alternativas para reconducir la conducta del menor” – agregó.

Finalmente el letrado subrayó que “la pena tiene una función de prevención especial y general. La prevención especial implica que una persona, a través de un tratamiento, pueda comprender el desvalor de su acción y atenerse a la ley en el futuro. La prevención general, por otro lado, hace que el resto de la sociedad advierta que hay consecuencias por no respetar la norma. Son evidentes además los costos sociales y económicos de un sistema penitenciario que no cumple con su finalidad de reeducación. Si el niño sale peor de lo que entró al sistema penitenciario, mañana puede lastimar a un hijo nuestro”, alertó.


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Diario Prensa