La demora en el envío de fondos provinciales derivó en un reclamo formal de la Municipalidad de Río Grande contra las autoridades encargadas de administrar los recursos públicos de Tierra del Fuego. A través de cartas documento, el Ejecutivo municipal exigió regularizar transferencias que, según sus estimaciones, acumulan una deuda superior a los $17.294 millones. Además, advirtió que, si no obtiene respuestas, podría avanzar por la vía judicial y solicitar que se investiguen las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
La medida fue formalizada mediante notificaciones enviadas el pasado 30 de octubre a la contadora general de la Provincia, Yesica Solange Flecha, y a la tesorera provincial, Romina Rouco. En ambas presentaciones, el Municipio reclamó que se arbitren las acciones necesarias para garantizar el envío de los recursos que le corresponden por ley.
De acuerdo con los registros presentados por la administración municipal, al 30 de septiembre la deuda alcanzaba los $17.294.814.520. Ese monto comprende conceptos de coparticipación, regalías y partidas vinculadas al Bono de Compensación. Desde el Municipio sostienen que esos ingresos son fundamentales para afrontar los gastos previstos, cumplir con los compromisos asumidos y mantener los servicios que se prestan a la comunidad.
El reclamo no se limita al volumen de dinero pendiente. La Municipalidad también cuestiona los retrasos registrados en distintas transferencias. Según expuso en la documentación, el análisis de decretos provinciales y movimientos bancarios permitió identificar fondos que fueron acreditados después de los plazos establecidos para su remisión.
Para las autoridades municipales, estas irregularidades en los tiempos de transferencia generan dificultades en la administración de los recursos y reducen la capacidad de planificación financiera. La situación, señalaron, puede repercutir en la ejecución de obras, el sostenimiento de prestaciones y el cumplimiento de obligaciones con terceros.
Desde el Ejecutivo riograndense también plantearon que el envío de los fondos coparticipables constituye una obligación establecida por el marco legal y constitucional, y no una decisión discrecional del Gobierno provincial. En ese sentido, las intimaciones hacen referencia al artículo 135 de la Constitución de Tierra del Fuego y sostienen que las demoras pueden afectar la autonomía económica y financiera del Municipio.
A través de las cartas documento, las funcionarias fueron intimadas a tomar las medidas correspondientes en un plazo de 48 horas desde la recepción de las notificaciones. Además, se solicitó información precisa sobre las liquidaciones realizadas, las transferencias concretadas y los fundamentos jurídicos de cualquier retención, descuento, compensación o demora en el envío de los fondos.
La presentación también incluye una advertencia sobre los pasos que podría adoptar la Municipalidad si no se regulariza la situación. Entre las alternativas mencionadas se encuentran la presentación de acciones judiciales, el pedido de intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia y una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se analicen posibles responsabilidades administrativas y penales.
El conflicto excede así una diferencia vinculada con la administración presupuestaria. Desde la perspectiva municipal, la falta de previsibilidad en el ingreso de los recursos condiciona la organización de las finanzas locales y puede repercutir en la continuidad de servicios, la ejecución de proyectos y la atención de las obligaciones del Estado municipal.
Con esta intimación, Río Grande profundizó su reclamo institucional ante el Gobierno fueguino y decidió avanzar con herramientas legales para exigir que se cumplan los mecanismos de transferencia de recursos previstos por la normativa vigente.
