El Gobierno mantiene bajo secreto militar una nueva adquisición para las Fuerzas Armadas, en un contexto de creciente tensión diplomática con el Reino Unido por Malvinas. El Decreto 1205/2026, firmado por Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, fue publicado en el Boletín Oficial y establece que no se difundan datos sobre el equipamiento, su valor, el proveedor ni el área militar que lo recibirá.
La medida se suma al proceso de renovación de capacidades militares que impulsa la administración libertaria, con compras de aviones de combate F-16, vehículos blindados Stryker y helicópteros Black Hawk. Sin embargo, la nueva operación se tramita mediante un expediente independiente y no incluye referencias que permitan vincularla con alguno de esos programas.
La decisión se conoció en medio de una nueva disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, Milei anunció medidas contra compañías petroleras que desarrollan actividades en el archipiélago sin autorización argentina, impulsó denuncias penales y ordenó avanzar con un procedimiento ante Naciones Unidas para intentar frenar el proyecto de extracción de crudo Sea Lion. También dispuso la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Desde Londres, en tanto, convocaron a la embajadora argentina para entregarle una protesta formal y el primer ministro Andy Burnham reafirmó ante el Parlamento la postura británica sobre la defensa de los derechos de los isleños.
El decreto se apoya en la legislación de Defensa Nacional, la norma de reestructuración de las Fuerzas Armadas y el Decreto 9390/63, que contempla como secreto militar las adquisiciones, desarrollos y construcciones consideradas fundamentales para la preparación y el despliegue de las fuerzas. La clasificación permite exceptuar a los organismos involucrados de los mecanismos habituales de publicidad que rigen las contrataciones estatales.
No es la primera vez que el Ejecutivo recurre a este mecanismo. Desde el inicio de la gestión de Milei se emitieron al menos cuatro decretos de reserva relacionados con operaciones militares. Tres de ellos estuvieron vinculados con la compra de los F-16 a Dinamarca, la infraestructura necesaria para incorporarlos y los acuerdos complementarios canalizados a través del programa estadounidense de Ventas Militares al Extranjero. Otro decreto autorizó la salida temporal de material de esos aviones para tareas de mantenimiento y actualización.
En este caso, el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD no menciona a los F-16 ni identifica a la Fuerza Aérea como destinataria. La instrumentación de la operación quedó a cargo de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa.
El nuevo movimiento se inscribe en un programa de reequipamiento que, según un relevamiento de la Unidad de Datos de Infobae basado en registros de contrataciones y acuerdos bilaterales, implicó una inversión de USD 445.026.954 entre diciembre de 2023 y agosto de 2026. El monto supera los USD 428,7 millones destinados a armamento y equipamiento durante el gobierno de Alberto Fernández y los USD 72 millones registrados en la administración de Mauricio Macri.
Del total contabilizado, USD 381,4 millones fueron asignados a las Fuerzas Armadas y USD 63,7 millones al área de Seguridad. La mayor parte de los desembolsos se concentró en 2024, cuando se registraron USD 357,8 millones. En 2025 la cifra descendió a USD 59,4 millones y durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó los USD 27,8 millones.
La operación de mayor volumen fue la adquisición de 24 cazas F-16 a Dinamarca, acordada en abril de 2024 por USD 301,2 millones y financiada en cinco pagos anuales. Los primeros seis aviones llegaron al país el 5 de diciembre de 2025 y fueron presentados en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, durante un acto encabezado por Milei. En septiembre de 2026 arribó un segundo grupo de seis aeronaves, mientras que la Fuerza Aé proyecta incorporar los 12 ejemplares restantes antes de diciembre de 2027.
La compra apunta a recuperar la capacidad de combate aéreo que se perdió en 2015, con el retiro de los últimos Mirage. La negociación fue impulsada por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, y se convirtió en uno de los principales hitos del plan de modernización militar.
El Ejército también avanzó en la incorporación de vehículos blindados. En un acuerdo con Estados Unidos se contempló la compra de ocho Stryker 8×8 por USD 20 millones, con la posibilidad de ampliar la flota hasta 235 unidades en diferentes versiones, destinadas al transporte de tropas, evacuación sanitaria, comando y apoyo de fuego. Una primera partida de 50 vehículos fue inspeccionada en Texas y se prevé su llegada antes de fin de año.
A ese programa se sumó el convenio firmado en marzo de 2026 para adquirir helicópteros UH-60L Black Hawk de las reservas estadounidenses. La iniciativa contempla hasta 20 aeronaves, con un límite presupuestario de USD 140 millones, mediante el sistema de Ventas Militares al Extranjero. Los primeros cuatro helicópteros podrían arribar antes de diciembre y reemplazar a los AS332 Super Puma del Batallón de Helicópteros de Asalto 601.
La Armada, por su parte, incorporó cuatro aviones de patrulla marítima P-3 Orion comprados a Noruega por USD 60 millones, destinados a vigilar el Atlántico Sur y la zona económica exclusiva. También se sumaron seis helicópteros Bell 407GXi, adquiridos a Canadá por USD 32,4 millones, y 48 camiones Unimog U4000 por USD 8,16 millones para tareas logísticas del Ejército.
En materia de proyectos futuros, el Presupuesto 2027 enviado al Congreso contempla autorizaciones de endeudamiento por USD 2.300 millones para adquirir tres submarinos convencionales y otros USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión. De concretarse, las unidades operarían desde las bases navales de Mar del Plata y Puerto Belgrano.
La Armada analizó propuestas de dos empresas europeas. La francesa Naval Group presentó el submarino Scorpène Evolved, de 72 metros de eslora y 2.000 toneladas de desplazamiento, con una autonomía de hasta 80 días. La alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ofreció el Type 209NG, de 63 metros y 1.590 toneladas. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Marcelo Dalle Nogare, ambas compañías propusieron financiar la totalidad de la operación, cuyo costo podría superar los 3.000 millones de euros.
La definición final quedará en manos del presidente Milei. La eventual compra permitiría recuperar la capacidad submarina que la Argentina perdió tras el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y en el que murieron sus 44 tripulantes. No obstante, las previsiones incluidas en el proyecto presupuestario todavía no representan contratos firmados: su avance dependerá de la aprobación del Congreso y de las condiciones de financiamiento que se acuerden con los fabricantes.
