Con la vuelta a clases tras las vacaciones de invierno, el Gobierno nacional enfrenta el primer paro docente bajo el nuevo marco de la reforma laboral que declaró a la educación obligatoria como un servicio esencial. La administración de Javier Milei anticipó que controlará el funcionamiento de las escuelas y advirtió que podría aplicar sanciones si no se garantiza el nivel mínimo de actividad que exige la ley.
La medida de fuerza, convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), afectará a establecimientos educativos de distintos puntos del país y amenaza con complicar el reinicio del ciclo lectivo. Desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron la protesta y sostuvieron que los gremios deben asegurar al menos el 75% de la prestación del servicio durante la jornada.
Ese requisito quedó establecido en la Ley 27.802, que incorporó a la educación inicial, primaria, secundaria y especial dentro de los servicios considerados esenciales o de importancia trascendental, por lo que los paros no pueden interrumpir completamente las actividades.
Aunque la Unión Docentes Argentinos (UDA) presentó una demanda judicial contra esa disposición y obtuvo inicialmente una medida favorable, el Gobierno apeló la decisión y la normativa continúa vigente mientras se resuelve el fondo de la causa.
Frente a este escenario, la Casa Rosada dispuso un operativo para monitorear el nivel de asistencia y el funcionamiento de los establecimientos educativos durante toda la jornada. Si se detectan incumplimientos, el Ejecutivo iniciará expedientes administrativos que podrían derivar en multas para las organizaciones sindicales.
Desde el oficialismo explicaron que el procedimiento contempla distintas etapas y que la primera sanción prevista es de carácter económico. No obstante, insistieron en que el principal objetivo es garantizar que los alumnos puedan asistir a clases con normalidad.
En paralelo, la ministra Sandra Pettovello convocó de manera urgente al Consejo Federal de Educación, integrado por los ministros del área de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, para coordinar las acciones frente al conflicto. Durante el encuentro virtual, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ratificó que el Gobierno exigirá el cumplimiento de la legislación vigente.
Tras la reunión, Pettovello informó que Nación y las jurisdicciones acordaron trabajar en conjunto para supervisar el desarrollo de la jornada y sostener el dictado de clases en todo el país.
CTERA justificó el paro de 24 horas al denunciar la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y reclamar una actualización salarial. El gremio sostiene que el salario mínimo del sector permanece en torno a los 500 mil pesos y exige además la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno en 2024.
Desde Capital Humano rechazaron esos planteos y remarcaron que la responsabilidad de fijar los salarios docentes corresponde exclusivamente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, ya que son las empleadoras directas del personal educativo desde la transferencia del sistema realizada en la década de 1990.
La cartera también recordó que fue la propia CTERA la que promovió acciones judiciales contra un decreto que otorgaba mayores atribuciones al Consejo Federal de Educación para definir cuestiones vinculadas con la negociación docente, situación que, según el Gobierno, dificultó el diálogo institucional.
Por último, el Ejecutivo advirtió que, si se verifica un incumplimiento de la normativa vigente, podrían aplicarse sanciones similares a las impuestas recientemente al gremio ferroviario La Fraternidad por desobedecer una conciliación obligatoria. Incluso señalaron que, en casos extremos y tras un proceso judicial, la legislación contempla la posibilidad de revisar la personería gremial de las organizaciones sindicales involucradas.
